EDITORIAL CAT | SEPT 2026

Editorial | Colegio de Arquitectos de Tucuman

Septiembre 2026

Más allá de las buenas intenciones: el rigor técnico y la infraestructura como bases del desarrollo de San Miguel de Tucumán para los próximos 30 años

La culminación de la décima audiencia pública, celebrada el pasado miércoles 19 de agosto en la sede del Concejo Deliberante, marca el fin de una histórica primera etapa participativa en el camino hacia la reforma integral del Código de Planeamiento Urbano (CPU) de nuestra capital. Tras cinco meses de un proceso de consulta, en el que se articularon 10 audiencias, 22 presentaciones y 24 conversatorios con la intervención de más de 60 instituciones y alrededor de 250 participantes, el diagnóstico colectivo está sobre la mesa. Se inicia ahora, en este mes de septiembre, la fase crucial de sistematización de conclusiones que conducirá a la redacción de la norma, con miras a consolidar el anteproyecto definitivo para noviembre.

Como Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT), valoramos enormemente esta apertura democrática. Hacía más de dos décadas - desde la formulación del Plan Estratégico en 2005 - que nuestra comunidad técnica, académica y social no era convocada para debatir el diseño de la ciudad con esta magnitud de representatividad. Sin embargo, la envergadura de los desafíos identificados exige que esta "construcción colectiva" no se diluya en un catálogo de buenas intenciones. La verdadera prueba de fuego para la Comisión Especial de Reforma comenzará en la mesa de redacción técnica, donde las visiones sectoriales deberán transformarse en normativas viables, rigurosas y sustentadas en evidencia científica.

El diagnóstico de partida de San Miguel de Tucumán es alarmante y no admite dilaciones. Con casi el 94% (93,4%) de su suelo ya urbanizado, la capital dispone apenas de 6 kilómetros cuadrados de vacíos urbanos para proyectar su crecimiento físico. Esta expansión se ha desarrollado bajo una profunda matriz de desigualdad y fragmentación del tejido social y territorial: de los 323 barrios existentes en la ciudad, el 37,15% (120 de ellos) corresponden a urbanizaciones informales o asentamientos con severas carencias de infraestructura básica y equipamiento comunitario. A esto se suma el colapso recurrente de servicios críticos: redes sanitarias pluviales con más de 65 años de antigüedad que muestran una insuficiencia hidráulica generalizada, saturación vial permanente, déficit drástico de espacios verdes, una alarmante polución sonora en esquinas céntricas que superan los 100 decibeles cotidianamente (muy por encima de los 65 recomendados por la OMS) y un crecimiento edilicio altamente concentrado en el área central (el 98% de los edificios en altura se ubican allí).

Frente a esta compleja realidad, la Comisión Especial enfrenta desafíos estructurales que trascienden la mera regulación del mercado inmobiliario. El primer gran reto es superar el modelo puramente "normativo" del actual código de 1998 que, como advierten los análisis académicos, funciona en un 75% como un simple reglamento de edificación en lugar de un código urbano integral,  para avanzar hacia un paradigma "infraestructura-dependiente". No se puede seguir discutiendo la edificabilidad de forma ciega. La habilitación de mayores densidades, alturas (FOT y FOS) y mixturas de uso debe estar condicionada de manera estricta a la capacidad real de soporte de las redes de agua potable, cloacas, energía eléctrica, drenaje pluvial y movilidad de cada sector urbano. Asimismo, resulta indispensable incorporar una perspectiva metropolitana real, coordinando de manera conjunta con los municipios vecinos de Yerba Buena, Tafí Viejo, Alderetes y Banda del Río Salí en materia de transporte, conectividad vial e infraestructura hídrica común.

De la norma a la gestión real: la impostergable modernización de los organismos de control y edificación

Este ambicioso proceso de reforma, sin embargo, corre el riesgo de convertirse en letra muerta si no se aborda con honestidad y decisión política la profunda crisis operativa de los organismos encargados de aplicar y controlar la norma en el día a día. La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, de la cual dependen directamente áreas estratégicas como la Dirección de Planificación Urbanística, ámbito donde desarrolla su actividad técnica la Comisión Especial de Reforma, y la Dirección de Catastro y Edificación, enfrenta en este punto su desafío institucional más inmediato y de mayor envergadura.

La Dirección de Catastro y Edificación, órgano de aplicación directa responsable de hacer cumplir cada disposición del código en el territorio, hoy no se encuentra a la altura de las demandas actuales de la ciudad por razones estructurales. La falta de infraestructura tecnológica moderna y el severo déficit de recursos humanos capacitados para atender la complejidad técnica de los expedientes han convertido el área en un preocupante cuello de botella administrativo. Los profesionales de la construcción y los ciudadanos enfrentan demoras sistemáticas en la tramitación diaria; una burocracia lenta que no se agiliza y que impacta negativamente en los plazos de obra, desalentando inversiones formales y retrasando el desarrollo legítimo de los proyectos.

Desde nuestro Colegio, valoramos y reconocemos el enorme esfuerzo y la voluntad de la Dirección de Catastro por ordenar administrativamente la situación actual y regularizar los expedientes administrativos. No obstante, estos encomiables esfuerzos resultan del todo insuficientes frente al volumen masivo de la demanda ciudadana e institucional contenida. Legislar una ciudad inteligente, resiliente y del siglo XXI, apoyada en datos y procesos ágiles, es una utopía irrealizable si el control territorial sigue en manos de oficinas desbordadas, sin infraestructura suficiente y con personal limitado. El fortalecimiento presupuestario, la incorporación de recursos humanos técnicos y la digitalización integral de los trámites de edificación en la Secretaría de Obras Públicas son condiciones sine qua non para que el nuevo código sea verdaderamente efectivo.

Desde el Colegio de Arquitectos de Tucumán, sostenemos con firmeza que el éxito de esta reforma radica en que la participación de las instituciones técnicas no se agote en las audiencias de diagnóstico. Nuestra expectativa para esta etapa de definiciones es clara: el CAT, junto con Colegios Profesionales y las Universidades deben tener una participación técnica permanente y activa en las mesas de redacción normativa.

No podemos ser meros espectadores de un proceso que se decide a puertas cerradas. El rigor que exige traducir las 22 ponencias en normativas jurídicas y de zonificación requiere la presencia constante del conocimiento disciplinar para evitar que los intereses inmobiliarios particulares o las urgencias de corto plazo se impongan sobre el interés general y el equilibrio territorial. Proponemos y esperamos que las definiciones de septiembre y octubre incorporen de manera concreta cuatro dimensiones que consideramos irrenunciables:

1. Capacidad de Soporte y Edificabilidad Vinculada: Establecer que los cambios de zonificación y alturas solo sean viables donde la infraestructura física real lo admita, exigiendo de forma obligatoria estudios de impacto urbano y ambiental para grandes desarrollos.
2. Equidad Territorial e Infraestructura Verde: Diseñar mecanismos de gestión y captura de plusvalía urbana que permitan redistribuir los beneficios del desarrollo inmobiliario para financiar la extensión de redes básicas y la creación de pulmones verdes en los sectores periféricos y postergados.
3. Resiliencia Climática y Gestión Hídrica: Articular el nuevo código con el Plan Director de Desagües Pluviales y el fomento de superficies absorbentes, de modo que la ciudad esté preparada para mitigar los riesgos de inundación en su escurrimiento hídrico norte-sur y este-oeste.
4. Flexibilidad Normativa e Incorporación Tecnológica: Adoptar un modelo de código dinámico y renovable que prevea mecanismos de revisión periódica (por ejemplo, cada 10 años) para asimilar los avances del siglo XXI, el uso de datos en tiempo real (ciudades inteligentes) y las transformaciones tecnológicas en movilidad y comunicaciones.

San Miguel de Tucumán se encuentra ante una oportunidad histórica que definirá su habitabilidad para los próximos 30 años. Deliberar ha sido un ejercicio saludable; ahora es tiempo de redactar con rigor, transparencia científica y un firme compromiso ético con el territorio. El Colegio de Arquitectos estará allí, aportando su capacidad técnica, para asegurar que el nuevo Código de Planeamiento sea el instrumento de equidad y desarrollo sostenible que nuestra capital necesita de forma urgente.

Fdo.: Honorable Consejo Directivo del CAT

Tucuman, septiembre 2026

  Editorial | julio 2026